Convivir sin casarse

Convivir sin casarse es compartir vivienda y vida en pareja sin matrimonio de por medio. En español conviene separar desde el principio dos cosas que la palabra inglesa mete en el mismo saco: vivir juntos es una situación de hecho, y la pareja de hecho es un registro. La primera ocurre el día de la mudanza y no produce por sí sola casi ningún efecto jurídico. La segunda hay que solicitarla, cumple requisitos y cambia según dónde se firme.

Casi todo lo que la gente cree tener por haber convivido mucho tiempo pertenece a la segunda columna, y muchas parejas lo descubren el peor día posible.

La confusión es razonable, porque la expresión «pareja de hecho» suena precisamente a lo contrario de un trámite. Pero lo que produce efectos es la inscripción, no los años.

Sin inscribirse, y salvo lo que cada pareja haya firmado aparte, la situación por defecto es bastante desnuda. Los bienes son de quien figura en el título, con independencia de quién pagó qué. No hay herencia automática sin testamento. No hay condición automática de familiar más próximo para decisiones médicas. Y al separarse no existe nada equivalente al reparto que el matrimonio prevé, por larga que haya sido la convivencia.

Inscribirse mueve algunas de esas piezas y no todas. La pareja de hecho no es un matrimonio de segunda: es un conjunto de figuras distintas que comparten nombre. En España, por ejemplo, el acceso a la pensión de viudedad depende de estar inscrita y de periodos mínimos, y esos requisitos han cambiado varias veces en los últimos años, de modo que dos parejas con la misma historia pueden estar en sitios distintos según cuándo hicieron el papel.

Lo que casi siempre rinde más que discutir la figura es firmar los instrumentos sueltos: testamento, poderes para decisiones médicas, beneficiario designado en un seguro, y un contrato de convivencia que diga quién aporta qué y qué pasa con la casa si esto se acaba.

No hay una respuesta común, y esa es la respuesta.

España. No existe una ley estatal de fondo: la pareja de hecho se regula por comunidades autónomas, con registros y requisitos propios en cada una. Lo habitual es exigir un tiempo mínimo de convivencia o un hijo en común, empadronamiento en el territorio, y que ninguna de las dos personas esté casada ni inscrita con otra. Cambiar de comunidad puede significar volver a empezar.

Argentina. El Código Civil y Comercial de 2015 regula la unión convivencial: convivencia pública, notoria, estable y de al menos dos años. La registración no es constitutiva, pero sirve para probarla, y la ley admite pactos de convivencia por escrito.

Colombia. La unión marital de hecho viene de la Ley 54 de 1990. Sus integrantes son «compañeros permanentes», y a los dos años se presume una sociedad patrimonial entre ellos —— que es el efecto más fuerte de todas estas figuras y el que más sorprende a quien no lo esperaba.

México. El concubinato está en los códigos civiles estatales, con plazos que suelen rondar los dos años o un hijo en común, y con efectos que varían de un estado a otro.

Dos cosas comunes a todas. Todas están escritas para dos personas y ninguna admite un tercero. Y ninguna se activa sola en el país de al lado, lo que importa mucho en una región donde la gente se muda.

Durante décadas el hallazgo fue constante y contraintuitivo: quienes convivían antes de casarse se divorciaban más. Se repitió mucho y casi siempre sin las advertencias.

Ese resultado se ha debilitado hasta desaparecer en las cohortes recientes, y la explicación es la selección. Cuando convivir era raro, quien lo hacía se diferenciaba sistemáticamente del resto. Al volverse norma, el sesgo se diluyó y la asociación con él.

Lo que sobrevive es más útil. La edad a la que se empieza a convivir predice mejor que el hecho de convivir. El trabajo de Kuperberg encuentra que, controlando por la edad de la primera convivencia, el efecto casi se evapora: mudarse juntos a los veinte predice problemas y a los veintiocho no, con boda o sin ella. Rosenfeld y Roesler añaden un matiz: convivir antes se asocia a algo menos de divorcio en el primer año de matrimonio y algo más a largo plazo. Suaviza la transición y aplaza, más que evita, algunas separaciones.

Y aquí hace falta decir de quién habla todo esto. Son muestras estadounidenses, y la variable que esa literatura controla vale otra cosa en América Latina. La unión libre no es allí una etapa intermedia recién llegada: es una forma de familia con siglos de historia, mayoritaria en buena parte de la región y sin relación necesaria con casarse después. Un marco construido sobre «la vía hacia el matrimonio» no describe a quien nunca pensó en el matrimonio como destino.

El concepto más aprovechable de esta literatura es de Scott Stanley y colegas, y sobrevive al cambio de país porque no habla de instituciones.

Algunas parejas deciden convivir: hablan de lo que significa, de a qué se comprometen y de qué pasa si sale mal. Otras se deslizan —— se acaba un contrato de alquiler, alguien ya duerme allí cuatro noches por semana, y las cajas se mueven solas.

Deslizarse importa por la inercia. Vivir juntos encarece la salida: alquiler compartido, muebles, rutinas, amistades comunes, a veces un animal. Y la encarece para los dos con independencia de que alguno hubiera decidido que la relación valía la pena. Una pareja que se habría separado en el mes ocho puede encontrarse en el mes treinta, todavía junta, porque irse se volvió caro antes de que nadie decidiera quedarse. El riesgo no es convivir: es dejar de distinguir entre las razones para seguir y las dificultades para salir.

Conviene añadir algo que el original no necesita decir: donde la unión libre tiene efectos patrimoniales automáticos a los dos años, deslizarse tiene además consecuencias económicas que nadie firmó. El plazo corre aunque la conversación no haya ocurrido.

Enumerar ventajas e inconvenientes rinde menos que contestar cuatro preguntas, y ninguna es sobre muebles.

Qué es esto. Un paso hacia algo o el arreglo en sí. Vale cualquier respuesta; lo que no vale es que cada uno tenga la suya y no lo sepa. Es también el punto donde conviene saber qué espera cada uno de la relación en general, y eso es terreno de la monogamia como acuerdo más que de logística.

El dinero y los nombres. A medias, en proporción a los ingresos o por partidas. Y sobre todo a nombre de quién queda el contrato, la hipoteca, el coche, la cuenta. Es lo que más se discute al final y lo que menos se habla al principio.

El reparto de tareas, con los verbos dichos. «El que lo vea» no es un reparto. Las encuestas de uso del tiempo en España y en América Latina siguen mostrando una diferencia clara en carga doméstica dentro de las parejas que conviven, y esa diferencia se acentúa justo donde nunca se habló.

Cuándo se revisa. A los seis meses, al año. Sin una fecha, la conversación llega cuando alguien ya no aguanta, que es el peor momento posible para tenerla y donde la reparación después del conflicto cuesta el triple.

Una última cosa, poco agradable y bastante sólida: convivir no es un ensayo del matrimonio. Vivir juntos pudiendo irse con un mes de preaviso y vivir juntos con la salida encarecida son situaciones psicológicas distintas. Que lo primero haya ido bien es un buen indicio y no una garantía. Antes de mudarse suele rendir más saber dónde pone cada uno sus propios límites que repartir estanterías.